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Desde que la tecnología de la información irrumpe en la escena social, la idea de dar servicios digitales para el ciudadano empezó a dar forma al concepto de Administración Electrónica. En el ámbito de la justicia, la introducción de la informática ha sido una recurrente manera para intentar aliviar la carga de las oficinas judiciales La doctrina apunta que la primera idea de usar la informática para la Administración de Justicia surge a finales de los setenta, materializado en un estudio posterior denominado Inforius para la creación de un programa informático que diera servicio a los juzgados De hecho, en 1984 se pensó en implantar el sistema SIJ (Sistema Informático de Juzgados) para contrarrestar la burocracia de que adolecían las oficinas durante los primeros años de democracia A pesar de que empezaron a aparecer ordenadores en las dependencias judiciales, en realidad no se terminaron de conseguir los resultados esperados.

En los noventa el avance del software de base y el hardware habían dilapidado aquel primer esfuerzo, frustrándolo como claramente insuficiente El paradigma informático no era cambiar máquinas mecanográficas por ordenadores y el factor humano sentía la demanda de una mayor especialización. Si bien la mecanización de la documentación jurídica, los primeros repositorios de datos y su almacenamiento electrónico supuso un gran avance, no apareció el ungüento de Fierabrás que solucionaría los problemas de fondo que se han venido achacando a la justicia la eficiencia en el proceso.

La renovación en máquinas, servidores, ordenadores personales y comunicaciones empezó a ser una partida en los presupuestos anuales, cuya ejecución colateralmente dependía de la adecuada actualización del personal como usuarios y de técnicos, tanto de primer nivel de soporte como de alta especialización en ingenierías informáticas y de comunicaciones

Con un pie en el siglo XXI, la reforma de la justicia se convirtió en un problema de Estado, que consiguió sentar a los principales partidos políticos a hablar sobre ello. El Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia de mayo de 2001 sentó las bases de lo que se llamó la despolitización de la justicia y su acercamiento al ciudadano, prometiendo ( que “se reformará en profundidad la Oficina Judicial, modernizándola de manera que ofrezca una atención de calidad a los ciudadanos” y “se modernizarán los métodos de trabajo” Bajo criterios de flexibilidad y realismo se quería afrontar el reto de crear bases de datos de apoyo y abaratar costes, sobre todo de las notificaciones…